Por: Silvia Lago Martínez, Romina P. Gala y Flavia R. Samaniego

Introducción

En el contexto de una sociedad azotada por las consecuencias de la pandemia por Covid-19, se ha puesto aún más en evidencia las desigualdades sociales en la región Latinoamericana, particularmente las digitales, que en este escenario conforman una indudable exclusión social.

Las brechas digitales se manifiestan en múltiples dimensiones, tanto geográfica como socialmente, y transversalmente desde una perspectiva de género y etnia. En América Latina y el Caribe (ALC), los sectores sociales en situación de pobreza y marginalidad, zonas rurales, o las personas mayores, entre otros, no acceden a Internet y otras tecnologías digitales, ya sea por su costo, la ausencia de empresas proveedoras, la falta de dispositivos o de las competencias necesarias para su apropiación.Además, se consolida otra problemática en torno a la conectividad[1]: la velocidad de descarga en la región no siempre alcanza los niveles necesarios para el desarrollo de actividades simultáneas[2]. Las brechas digitales entre poblaciones y grupos sociales no solo se reducen garantizando el acceso, es de igual importancia las posibilidades que los seres humanos tenemos de hacer uso, desarrollar habilidades y apropiarnos de las tecnologías digitales para mejorarlas, adaptarlas y crearlas.

Si bien en las últimas décadas se han implementado en la región numerosas políticas públicas de inclusión digital, el actual contexto revela que éstas mantienen una gran deuda con la inclusión social. Sin dudas al mercado y las empresas también le cabe gran responsabilidad por su escaso compromiso social en este campo, en tanto la sociedad civil emerge como actor clave en la contienda por los derechos al acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales y la democratización de Internet.

En este sentido, el presente trabajo busca contribuir a la visibilidad de las organizaciones sociales que se caracterizan por focalizar su intervención en el espacio público a partir de la apropiación creativa de las tecnologías digitales para la innovación social, y que intervienen activamente en el contexto de pandemia con novedosas prácticas para la resolución de problemas sociales.

Innovación social, tecnologías digitales y organizaciones de la sociedad civil.

En la actualidad, el concepto de innovación ha traspasado las fronteras de la economía, y es pensado en términos más amplios que permiten incluir todas aquellas innovaciones que no se orientan específicamente al mercado.

La innovación social puede ser definida como aquella que no persigue fines económicos, sino que se orienta por valores sociales, como la inclusión social, la participación ciudadana y el nivel educativo de una sociedad, entre otros (Echeverría, 2008).

En el contexto actual, no sólo es importante la emergencia de innovaciones sociales para resolver problemas agudizados por la pandemia, sino también su difusión. La CEPAL señala “(…) la reducción de las brechas económicas, sociales, culturales y políticas requiere del surgimiento y la multiplicación de las innovaciones en el campo social, y esto solo puede lograrse mediante su difusión” (2008, pp. 21-22). La difusión de innovaciones puede resultar tan importante como su desarrollo, permite ampliar su alcance e impulsar el surgimiento de nuevas innovaciones.

La divulgación también aporta al conocimiento sobre su aceptación, ya que éstas varían según el contexto, la población y el tipo de innovación. Es por ello por lo que el uso y apropiación de una innovación suele considerarse indicador de su éxito o fracaso (Echeverría, 2008, p. 613). En este sentido, la difusión por medio de campañas digitales de gran alcance social es una acción muy utilizada por las organizaciones sociales del campo que nos ocupa.

Cuando la pandemia se comienza a expandir en ALC (marzo de 2020), “Al Sur”, un consorcio de 11 organizaciones de la sociedad civil y de la academia Latinoamericana[3], se pronuncia acerca de la necesidad de que los gobiernos locales respeten los derechos humanos desarrollando e implementando tecnologías digitales que estén al alcance de todo-as. Participaron organizaciones de México, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Paraguay, vinculadas a la defensa y promoción de los derechos digitales en tanto derechos humanos.

En abril, más de 100 organizaciones de la sociedad civil de diferentes latitudes lanzaron la proclama “Los Estados deben respetar los derechos humanos al emplear tecnologías de vigilancia digital para combatir la pandemia”[4]. La vigilancia y el control a partir de las tecnologías digitales se ha instalado con fuerza entre los temas de debate, al calor de la implementación de aplicaciones desarrolladas por los gobiernos, de ALC inclusive, para abordar la pandemia y enfrentar la crisis sanitaria.

En paralelo, en Argentina desde mayo la campaña #OtraInternetEsPosible — que promovieron más de 80 agrupaciones sindicales, políticas, sociales como la asociación Internauta[5]— recolectó firmas y elevó un petitorio para que se declare a Internet, la telefonía celular y la TV por cable “servicios públicos esenciales y estratégicos”. En sus fundamentos reconocen a los servicios de telecomunicaciones como derechos humanos, y solicitan una tarifa social como aporte de equidad en pos de reducir la brecha digital. Le solicitan al Poder Ejecutivo y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) actuar con la mayor rapidez posible en la promulgación de una ley que garantice el acceso de estos servicios a todo-as lo-as ciudadano-as. Si bien esta no es la primera iniciativa de su tipo, la necesidad de conectividad acelerada por el aislamiento social redobló las acciones.

Aún cuando tales pronunciamientos no configuran innovaciones sociales per se, entendemos que la visibilización de problemáticas vinculadas a la vulneración y/o imposibilidad de acceso a los derechos digitales, entendidos como derechos humanos, así como la acción conjunta de organizaciones a escala regional, constituyen avances en la cuestión.

Relacionado con el acceso a la educación en Argentina, y debido a la falta de respuestas para la población educativa de los barrios carenciados y marginados que se encuentran sin clases desde el comienzo del aislamiento social, la organización La Poderosa[6] lanzó la campaña #ContagiáConectividad, con el fin de recaudar fondos para proveer de conectividad a 100 barrios populares y villas[7]. A su vez, elevó el reclamo al gobierno nacional sobre la falta de conectividad y de servicios esenciales como la luz, condición fundamental para garantizarla. La iniciativa fue acompañada por artistas y representantes de organismos de Derechos Humanos, se realizaron recitales y espectáculos virtuales entre las acciones para recaudar fondos.  

En consecuencia, y a raíz del contexto actual, el 21 de agosto de este año el presidente de la Argentina decretó (DNU 690) que “los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”. Este decreto se apoya en la declaración de la ONU que exhorta a los Estados a promover y facilitar el acceso a internet, y considerando que “el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión” [8].

Si bien aún no se ha definido el modelo regulatorio que el ENACOM llevará adelante, se puede advertir que representa un paso más allá de considerar el desarrollo de las tecnologías digitales de “interés público” como establecía la Ley “Argentina Digital” de 2014, derogada un año después por el expresidente Macri, y que dejó al libre albedrío de las empresas de telecomunicaciones e Internet la decisión de inversión en infraestructura, servicios y el precio de los mismos, además de desfinanciar planes de inclusión digital, como el Conectar Igualdad y Núcleos de Acceso al Conocimiento (Lago Martínez, 2019).           

Redes comunitarias de acceso a Internet

La importancia de estas redes se ha visto revalorizada en tiempos de pandemia, dado que ofrecen una solución ante la falta de conectividad en poblaciones rurales y barrios populares que carecen de infraestructura provista por el estado o el mercado; promoviendo la innovación social al favorecer su democratización.

En el contexto de un mercado caracterizado por la concentración y conglomeración de la propiedad, las redes públicas y comunitarias, junto con experiencias que promueven la producción y distribución de contenidos en y desde las mismas comunidades, amplían el acceso de individuos y grupos históricamente excluidos al ejercicio de su derecho a la comunicación.

Entre muchas iniciativas se destaca la red comunitaria Atalaya Sur[9]. Señalan que su modelo de conectividad comunitaria no solo supone acceso a internet, sino además la apropiación popular de la tecnología para el desarrollo local, la construcción de espacio público y la reivindicación de la comunicación como derecho humano. Vale la pena destacar que entre los principios que levantan sus militantes se incorpora la democratización de Internet y la noción de que el acceso contribuye a cerrar una primera brecha digital, por lo que resultan fundamentales aquellas acciones que busquen favorecer la apropiación de las tecnologías digitales, indispensables para el trabajo, la educación y el ejercicio de la ciudadanía, etc. 

Desde 2014 provee Wifi a hogares de la Villa 20, y en 2016 inició su despliegue por la Puna Argentina con el desarrollo e implementación de la Red Social Chaski, caracterizada como intranet comunitaria que combina infraestructura en telecomunicaciones y desarrollo de plataformas en software libre para que los usuarios generen y compartan contenidos propios. Además, desarrollaron un aplicativo de telefonía VoIP para que comunidades sin acceso a telefonía realicen llamadas de forma gratuita. Según señalan en el proyecto participan comisionados municipales, escuelas, sindicatos, centros de estudiantes, cooperativas e iglesias. Resulta interesante en atención a la apropiación de tecnologías que la infraestructura de la Red Social fuera realizada por jóvenes de la villa 20.

Altermundi es otra experiencia argentina de construcción de “redes libres comunitarias” que inició en Córdoba durante 2012. Se definen como militantes de las redes libres comunitarias y el software libre, cuyo objetivo principal es elaborar un conjunto de herramientas de software libre y hardware abierto para el desarrollo de redes libres comunitarias, que puedan manejar personas sin formación específica previa. En el contexto de Pandemia desarrollaron un Protocolo de Acompañamiento de Despliegues de Redes Comunitarias en Escenarios de Aislamiento Social. Entienden que la co-creación de las redes con las comunidades da inicio a procesos de soberanía en la comunicación digital desde la apropiación tecnológica.

Ambas experiencias participan de los conversatorios del Programa de Conectividad para Barrios Populares (ENACOM), que proyecta destinar un presupuesto para garantizar el acceso a la conectividad de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana[10].

Destacamos la importancia del trabajo en conjunto de una pluralidad de actores (gobierno, sociedad civil, academia, etc.) para generar y consolidar los procesos de innovación. Ambas experiencias muestran innovaciones sociales que surgen desde organizaciones de base y cuyas voces y experiencias son recuperadas en espacios propuestos por los entes gubernamentales, participando del desarrollo de las iniciativas.  

Otro proyecto innovador surgido en pandemia es la plataforma “Acá no hay Internet”, impulsada por organizaciones sociales que “trabajan para disminuir la brecha digital, impulsar la igualdad de derechos, el acceso a la información, mejorar la calidad de vida y las condiciones de desarrollo de distintas poblaciones”[11]. La plataforma fue lanzada en agosto y permite realizar un mapeo colaborativo de las zonas de ALC donde la conectividad falta o es deficitaria. Resulta una innovación que pone a disposición de la comunidad los datos geo-referenciados.

El sitio fue implementado por Wingu, una organización argentina con presencia en Colombia y México que busca impulsar la transformación digital de iniciativas sociales en Latinoamérica. Participan la organización latinoamericana Techo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina, Diversidad Rural – empresa para la innovación social de las comunidades rurales en Colombia-, la Red Comunidades Rurales y EnseñáXArgentina.

Asimismo, Wingu, el mismo día que comenzó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en Argentina, junto a ACIJ, adaptaron la plataforma “Caminos de la Villa” a “Caminos de la Villa COVID-19”, con datos abiertos. Dicha plataforma está destinada a la población de villas de la Ciudad de Buenos Aires y permite georreferenciar las principales dificultades que enfrentan los barrios y reportar problemas vinculados a los servicios de salud, la provisión de servicios públicos, vivienda, violencia institucional, ingresos económicos y alimentación.

Ejemplos de organizaciones similares a las mencionadas se multiplican en la región, las mismas generan innovaciones en tecnologías digitales para resolver la exclusión digital de barrios populares urbanos y de zonas rurales. Para hacer frente al COVID-19, señalan que los datos abiertos, actualizados, pertinentes y accesibles cobran un rol fundamental. Promueven la información no sólo sobre el número de contagios, sino también para generar medidas de prevención y contención, mitigar riesgos y complementar con diversas estrategias para frenar la expansión del virus. Los datos e Internet son entendidos como bienes comunes, porque surgen de los conocimientos, saberes, experiencias y la cultura de toda la sociedad.  

Numerosas organizaciones de la región tienen como objetivo principal el uso y apertura de datos y la seguridad digital, en lo que denominan activismo de datos o infoactivismo. Las iniciativas que llevan adelante desde hace varios años han confluido en la emergencia por el Covid-19, generando proyectos innovadores con recursos abiertos. No sólo georeferenciando barrios o localidades para la prevención del coronavirus, sino también con herramientas para combatir la desinformación como el fact-checking[12] con web scraping[13] y API, creando mecanismos digitales de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o promoviendo encuentros y webinarios virtuales como “#DatosyCoronavirus”, entre muchas otras acciones. La organización mexicana SocialTIC, se encuentra entre las más activas, en tanto la organización Chequeado de Argentina, con otro perfil, también basa su actividad en la verificación de las noticias (Lago Martínez et al., en prensa).

Cierre y perspectivas

Las organizaciones sociales a las que nos referimos en este artículo son muy diversas en cuanto a sus estrategias de intervención, tendencias ideológicas y características de sus activistas, entre otras dimensiones. Entre aquellas cuyos objetivos en términos generales buscan la inclusión digital, la apertura de los datos y la democratización de Internet podemos distinguir:

Las que se dedican a la inclusión digital de los sectores más vulnerables de la sociedad, focalizadas en la intervención social y en el trabajo con poblaciones específicas, generando innovaciones en software y hardware para proveer de Internet, y promover la apropiación de tecnologías. Se caracterizan por un perfil ideológico y proyectos políticos definidos en las causas populares.

Las que bregan por los datos y códigos abiertos, el software libre, el control de las noticias falsas, la cibervigilancia y la acumulación, manejo y comercialización de nuestros datos. En su conformación se observan sectores de las clases medias con manejo de tecnologías digitales, cuyas acciones están dirigidas a diferentes públicos.

Las que luchan por la democratización de Internet y su consideración como derecho humano, principios que también comparten con las anteriores, pero sus acciones están dirigidas particularmente al rol del Estado en cuanto a las regulaciones y normativas. También buscan la inclusión digital, pero además se preocupan por detener el avance de las grandes corporaciones tecnológicas y la promoción de una Internet como desarrollo soberano. Promueven proyectos de Ley, organizan campañas y tienen visibilidad pública. Convergen aquí sectores sindicales, políticos, de la academia y otros.     

Todas ellas confluyen en este contexto de aislamiento social dónde el hilo conductor es la inclusión, los derechos digitales y la información, la participación ciudadana y promover la igualdad.

En su desarrollo y expansión van reconfigurando un conjunto de posibilidades tecnológicas e innovaciones sociales en el desarrollo de sus propias prácticas en el contexto histórico, social y cultural que les toca transitar. De allí la rápida respuesta para implementar estrategias de acción en el marco de la pandemia.

En cuanto a las perspectivas para el desarrollo de la región Latinoamericana podemos señalar que las organizaciones y movimientos sociales han ganado una gran capacidad de movilización gracias a la conectividad y la apropiación de tecnologías, y con ello aumentan sus capacidades para la innovación social con las tecnologías digitales. Se ha consolidado la acción directa a favor de una Internet libre y segura, en respuesta a la erosión de las libertades y una creciente monopolización. Las redes regionales e internacionales de organizaciones permiten el fortalecimiento de sus capacidades estratégicas y tácticas de intervención, pero también de innovación. Todo ello muestra un sendero de expansión de la innovación social.

Propuestas para las políticas de CTI

Ante el escenario planteado, las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) tendientes a cerrar las brechas y favorecer la apropiación de las tecnologías digitales, debieran incorporar en su diseño las demandas de los actores destinatarios de las mismas, y en este sentido recuperar las experiencias de las organizaciones que vienen trabajando, no solo en la identificación y visibilización de diversas problemáticas vinculadas, sino en soluciones innovadoras para las mismas. Tales experiencias debieran ser replicadas, en tanto la difusión de las innovaciones permite ampliar su alcance e impulsar el surgimiento de nuevas innovaciones.  

En línea con lo dicho, las políticas de CTI deberían surgir y a la vez propiciar el trabajo articulado de las diferentes instancias estatales, el sector productivo, el complejo científico-tecnológico y las organizaciones de la sociedad civil, en pos de generar un impacto positivo en las poblaciones destinatarias de las mismas. Como hemos señalado, es fundamental que estas políticas no solo cierren brechas de acceso sino además avancen en la democratización de las tecnologías digitales a partir de favorecer su apropiación por parte de todos los individuos.

La inclusión digital es una de las dimensiones de la inclusión social. Y el acceso y apropiación de Internet y otras tecnologías digitales es condición para el ejercicio de derechos fundamentales: libertad de expresión, acceso a la educación, la comunicación, la información y la cultura, el trabajo entre otros. De aquí que las políticas públicas en CTI tengan como desafío, y oportunidad, contribuir a la construcción de sociedades más democráticas, equitativas, inclusivas y diversas; a la vez que favorecen el desarrollo local sostenible. Fomentar cooperativas de trabajo locales podría aportar a la sustentabilidad de las políticas públicas tendientes a garantizar la conectividad en zonas digitalmente excluidas.

Sabemos que las tecnologías digitales no son neutras. Por ello, resulta fundamental pensar las políticas de CTI locales desde una mirada Latinoamericana. Fomentar la apropiación de tecnologías digitales contribuye a generar las condiciones para la soberanía tecnológica, también a escala regional.

Por último, un conjunto de las organizaciones aquí abordadas reclaman al Estado por regulaciones y normativas que garanticen el acceso equitativo a las tecnologías digitales y los derechos digitales. Esto supone también que el mismo Estado los respete. La situación (re)abre un camino de trabajo en materia de políticas públicas de CTI en Argentina y ALC.

[1] La CEPAL (2020) define a la conectividad “como el servicio de banda ancha con una velocidad adecuada y la tenencia de dispositivos de acceso” (p. 2).

[2] Según la CEPAL (2020), para junio de 2020 en el 44% de los países de ALC la velocidad de conexión fue inferior a los 25 Mbps. Argentina presenta una velocidad promedio de internet fija de 37,52 Mbps, la cual supera al promedio de ALC, pero presenta marcadas disparidades en cuanto a la calidad de internet suministrada al interior del país (p. 4).

[3] Como consorcio, trabajan sobre seis áreas de interés: acceso, vigilancia, datos personales, ciberseguridad, responsabilidad de intermediarios e inteligencia artificial. 

[4] https://amnistia.org.ar/los-estados-deben-respetar-los-derechos-humanos-al-emplear-tecnologias-de-vigilancia-digital-para-combatir-la-pandemia/

[5] Asociación Argentina de Usuarios de Internet: https://www.internauta.org.ar/

[6] La Poderosa es una organización social conformada por cooperativas autogestionadas vecinales que tiene presencia en villas, asentamientos y barriadas pobres de todo el país.  https://lapoderosa.org.ar/

[7] El programa piloto “Nuevo plan de conectividad, de los barrios, para los barrios” consta en la instalación de servicios de banda ancha por fibra óptica e inalámbrica, módem wifi liberados con datos 4GB que puedan proveer de una conectividad con velocidad superior a los 25 Mbps, equipamiento informático, kits escolares y promotores educativos por 6 meses.

[8] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233932/20200822

[9] La iniciativa se desarrolla en el marco del Proyecto Comunidad, organización de base popular de orientación peronista. Ver más en: http://www.proyectocomunidad.com/nuestra-historia/

[10] Según datos que publica ENACOM, en Argentina hay 4.416 barrios con una población mayor a los 4 millones de personas, y el 65% de estos barrios no cuenta con acceso a Internet (https://www.enacom.gob.ar/institucional/presentacion-virtual-del-programa-de-conectividad-para-barrios-populares_n2550)

[11] https://www.acanohayinternet.org/

[12] Verificación de hechos para detectar errores y noticias falsas en los medios de comunicación.

[13] Se trata de un proceso para extraer contenido y datos de un sitio web de forma automatizada. API (Application Programming Interface) es un conjunto de reglas (código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas.

Resumen

El objetivo de esta presentación es dar conocer las innovaciones sociales de las organizaciones de la sociedad civil que se colocaron al servicio de sus comunidades en el contexto de una sociedad asediada por la pandemia por Covid-19, brindando soluciones a problemas sociales que impiden el ejercicio de derechos fundamentales de los pueblos. Para ello, se analizan brevemente experiencias de organizaciones que se caracterizan por focalizar su intervención en el espacio público a partir de la apropiación creativa de las tecnologías digitales para la innovación social.

El actual contexto de aislamiento social que vivimos en América Latina y el Caribe desnudó las desigualdades sociales y digitales que atraviesan a los diferentes países de la región. La falta de acceso o el acceso limitado a Internet y las tecnologías digitales impiden el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la salud, la educación, el trabajo, la ciudadanía y la libertad de expresión, entre otros. En este contexto, la sociedad civil emergen como actor clave en la contienda por los derechos al acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales y la democratización de Internet, desarrollando soluciones innovadoras para resolver problemas sociales, como la deficiente conectividad que impera en la región, la falta de acceso a los dispositivos necesarios y la carencia de habilidades y competencias que les permitan a grupos sociales excluidos, como sectores en situación de pobreza, en zonas rurales y adulto-as mayores, entre otros, apropiarse de las tecnologías digitales para hacer uso de éstas, mejorarlas, adaptarlas e incluso crearlas

Referencias

Congreso de la Nación Argentina (2014, 18 de diciembre). Ley 27.078. Por la cual se expide la Ley Argentina Digital-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletín Oficial Nº 33.034.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239771/norma.htm

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. (Nº7, Informe Especial COVID-19).

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf

Echeverría, J. (2008). El Manual de Oslo y la innovación social. ARBOR, 78 (732), pp. 609-618. https://doi.org/10.3989/arbor.2008.i732.210

Lago Martínez, S. (coord.). (2019). Políticas públicas e inclusión digital. Un recorrido por los Núcleos de Acceso al Conocimiento. Buenos Aires. Editorial Teseo.

Lago Martínez, S.; Gala, R. & Samaniego, F. (en prensa). Apropiación y creación de tecnologías digitales: un acercamiento a los desarrollos innovadores de organizaciones sociales de la Argentina. En R. Canales & C. Herrera (eds.), Acceso digital, democracia y comunidades: apropiación de tecnologías desde el Cono sur. CLACSO, Ulagos.

Poder Ejecutivo Nacional (2020, 22 de agosto). Decreto 690 Por el cual se modifica la Ley Argentina Digital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341372/norma.htm

Sobre los(as) Autores(as):

Silvia Lago Martínez (IIGG-UBA) slagomartinez@gmail.com

Es socióloga y realizó estudios de posgrado en Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (UBA). Investigadora del Instituto Gino Germani donde dirige el Programa sobre la Sociedad de la Información y el Equipo Sociedad, Internet y Cultura. Investigadora categoría I del Programa Nacional del ME, dirige proyectos de investigación y es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Ha sido investigadora visitante en las universidades de Sevilla y Rey Juan Carlos, España. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas, participado como conferencista y panelista en eventos científicos. Además, ha producido y dirigido documentales sobre la cultura digital.

Romina P. Gala (IIGG – CONICET) romina.p.gala@gmail.com

Becaria doctoral de investigación (CONICET) del Equipo “Sociedad, Internet y Cultura” (IIGG- UBA), dirigido por la Prof. Silvia Lago Martínez. Es Licenciada en Sociología (FSOC-UBA) y Profesora de Artes Visuales (EMBA). Maestranda en “Industrias Culturales: política y gestión” (UNQUI). En el marco de su tesis, trabaja sobre innovación y prácticas socio-culturales emergentes en la industria de videojuegos de Buenos Aires. Con el equipo de investigación participa del proyecto “Innovación, apropiación y creación de tecnologías: la cultura del emprendedorismo digital en las industrias creativas de la Ciudad de Buenos Aires” en el que abordan experiencias de innovación social y creación de tecnologías digitales por parte de organizaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires.

Flavia R. Samaniego (IIGG-UBA) fsamaniego@sociales.uba.ar

Becaria de investigación UBACyT del Equipo “Sociedad, Internet y Cultura” (IIGG-UBA). Licenciada y Profesora en Sociología (UBA). Maestranda en Estudios interdisciplinarios de la subjetividad (FFyL). Es miembro además del grupo de trabajo Apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades (CLACSO) y miembro de la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales (RIAT). También desempeña labor docente la carrera de Sociología (UBA). Se especializa en temas vinculados a la subjetividad emprendedora y los usos, apropiaciones y creaciones de tecnologías digitales, y la relación entre tecnologías digitales y género. Ha participado de proyectos de investigación relacionados a la implementación y los efectos de las políticas públicas destinadas a saldar la brecha digital y fomentar las TIC.

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